El pasado 3 de noviembre de este año, fue presentada ante el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa con proyecto de decreto para consignar una Ley de Prestación de Servicios Inmobiliarios. En Wiggot te presentamos los cinco puntos más importantes que plantea.
1. El documento plantea una regulación normativa y jurídica de los servicios de bienes raíces, así como la creación de un padrón de profesionales inmobiliarios específicos para la capital del país. Esto con la finalidad de contar con mayores expertos en el sector y reducir irregularidades e incidencia de fraudes relacionados con la actividad inmobiliaria.
2. De ser aprobada se pedirá a la Secretaría de Desarrollo Económico, quien se encarga de proporcionar las certificaciones de los asesores inmobiliarios, que publiquen un padrón de profesionales de bienes raíces que esté disponible para consulta del público en general.
Se exigirá que los agentes que operen en la CDMX estén inscritos aun cuando los inmuebles que comercializan o administran se encuentren en otros estados. Asimismo, tendrán la obligación de notificar a la Secretaría sobre transacciones o actividades de las que tengan conocimiento que podrían incurrir en algún delito.
3. Se plantea la creación de un Padrón de Capacitadores Inmobiliarios que incluya a instituciones educativas, colegios y asociaciones autorizadas para impartir cursos de capacitación y actualización en bienes raíces.
4. Las violaciones a este proyecto de ley ameritarán sanciones que serán aplicadas por la Secretaría de Desarrollo Económico de la CDMX (Sedeco) o el Instituto de Verificación Administrativa de la CDMX (INVEA).
Las sanciones que se plantean irán desde amonestaciones, advertencias y multas que ascienden al 50% o hasta el 100% de la cantidad obtenida como pago por los servicios brindados; la suspensión de seis meses a un año del Registro de Capacitadores Inmobiliarios; la suspensión o revocación definitiva de la certificación y registro de profesionales en bienes raíces; o bien, el arresto administrativo hasta por 36 horas.
5. Toda persona que ejerza como profesional inmobiliario que no esté registrado o certificado tendrá una multa por el equivalente de entre 50 a 100% de la cantidad obtenida como pago por los servicios prestados. Además de que en caso de reincidir, se le duplicará la multa.